Rusia ha detenido a un emprendedor ruso de tan solo 21 años, Timur Kilin, acusándolo formalmente de traición.
Los detalles del caso permanecen clasificados, pero medios rusos señalan que sus comentarios públicos habrían provocado el descontento oficial, especialmente después de que calificara a Max como “un producto asqueroso” y alertara de la presencia de vulnerabilidades y dependencias de software procedentes de “países no amigos”.
Kilin había desarrollado un sistema para el escaneo masivo de vulnerabilidades, operaba un servicio de hosting llamado TverHost y hace unos meses había lanzado su propia firma de ciberseguridad, Spide Security. Su actividad pública en Telegram, donde divulgaba fallos de seguridad y criticaba iniciativas estatales, habría sido clave para atraer la atención de las autoridades.
Matar al mensajero
Max, la app que criticó, es una plataforma de mensajería respaldada por el Kremlin que se está promoviendo como alternativa nacional a servicios occidentales. Rusia está imponiendo su preinstalación obligatoria en todos los nuevos smartphones, tablets y otros vendidos en el país desde el pasado mes de junio.
Aunque la herramienta ofrece chats, llamadas y pagos, expertos denuncian que carece de cifrado de extremo a extremo y está profundamente integrada con sistemas gubernamentales, lo que la convierte en una herramienta potencial de vigilancia masiva. Max sustituye en la lista de apps obligatorias a otro servicio de mensajería llamado VK Messenger, perteneciente a VKontatke (empresa fundada por Pavel Durovl, también creador de Telegram).
La detención de Kilin se suma a una creciente ola de acciones contra profesionales tecnológicos en Rusia, tanto expertos del sector como usuarios comunes de Internet. El clima represivo se ha intensificado en los últimos años, especialmente en torno a la divulgación de vulnerabilidades, la crítica pública a servicios estatales o la colaboración internacional en materia de ciberseguridad.
En 2023, por ejemplo, Ilya Sachkov, cofundador de la reconocida firma Group-IB, fue condenado a 14 años en una colonia penal por supuesta traición, acusado de compartir información con autoridades estadounidenses. No es un caso aislado: otros investigadores y especialistas han sido procesados por cargos similares.
